Presentación por CLADEM-Paraguay y la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP) en la 32º sesión del Comité de la CEDAW
Nueva York, 10 de enero de 2005
Graciela Mendoza (CLADEM) y María Molinas Cabrera (CMP)

PARTE 1: Graciela Mendoza

Gracias Señora Presidenta por la oportunidad de dirigirnos al Comité sobre el informe gubernamental del gobierno del Paraguay. Hablo en representación de CLADEM-Paraguay, que junto con la Coordinación de Mujeres del Paraguay ha remitido el Informe Sombra de Paraguay, con la adhesión de otras 25 organizaciones que se sumaron por medio de una consulta ciudadana. Hemos organizado esta presentación en 4 puntos, me referiré a los dos primeros y mi compañera de la Coordinación de Mujeres del Paraguay se referirá a los puntos 3 y 4.

Nuestra preocupación especial se centra en dos aspectos que consideramos prioritarios:

1. el incumplimiento de varias de las recomendaciones ya señaladas en las Observaciones Finales del Comité respecto al informe inicial y al segundo informe periódico del Paraguay (CEDAW/C/PAR/1-2 y Add. 1 y 2) realizadas en el año 1996 (véase CEDAW/C/SR.289 y 297).

2. agudización de otros asuntos críticos para la vida de las mujeres, especialmente las campesinas e indígenas pobres.

En este marco puntualizamos 4 problemas que necesitan urgente revisión: 1º) el retroceso institucional y el marcado debilitamiento de la Secretaría de la Mujer;[1] 2º) la persistencia de una de las mayores tasas de mortalidad materna de la región y la elevada muerte de mujeres por abortos por la continuidad de medidas punitivas ineficaces y discriminatorias en la legislación penal;[2] 3º) la agudización de la pobreza y desigualdad en el acceso a la tierra;[3] y 4º) el empeoramiento de las condiciones de vida de las mujeres indígenas

1º. Retroceso institucional:

? Hay un retroceso institucional en general a partir del nuevo gobierno. Constatamos un marcado debilitamiento de la Secretaría de la Mujer por conflictos internos, la remoción de personal calificado, así como por la continuidad de la falta de asignación de recursos presupuestarios adecuados.

Se ha registrado un retroceso en la implementación del enfoque de género en la integralidad del Estado. El mismo informe gubernamental no menciona la participación de instancias estatales, diferentes de la Secretaría de la Mujer, en la elaboración del mismo y en la aplicación de la CEDAW.

Además las relaciones entre el Estado y la sociedad civil se han deteriorado. Un ejemplo de esto constituye el hecho de que la sociedad civil no ha participado en la elaboración del último informe gubernamental,[4] que sin embargo da la impresión de haber sido elaborado en forma conjunta por la Secretaría de la Mujer y el movimiento de mujeres, lo cual no es real.

Sobre este tema es necesario fortalecer la situación política y los aspectos económicos y administrativos del mecanismo nacional en concordancia con el Artículo 7 de la Convención y la Recomendación General Nº 6.

2º. Altas tasas de mortalidad materna y de muertes de mujeres pobres por aborto

Paraguay tiene una de los mayores índices de mortalidad materna y este sigue siendo el problema fundamental de las mujeres en edad fértil. El Estado paraguayo mantiene las medidas punitivas que criminalizan la práctica del aborto, la que constituye una de las principales causas de muertes materna (21%).[5] La penalización del aborto es discriminatoria, afecta la vida de las mujeres pobres y tiene un claro sesgo sexista.
Esta situación afecta gravemente el cumplimiento de los artículos 2, 12 y 14 de la Convención, por lo que resulta urgente la derogación de las disposiciones legales punitivas que no disminuyen la práctica del aborto sino que contribuyen a un mercado clandestino y riesgoso para la salud de las mujeres. Esto es necesario para ubicar el aborto como un problema de salud pública que requiere ser atendido integralmente, incluyendo medidas de prevención de embarazos no deseados.
En general, el acceso a servicios de atención a la salud de la mujer, y en particular de la salud sexual y reproductiva, constituye la esfera de mayor inequidad y un signo de clara exclusión de las mujeres. Debe darse especial atención a servicios diferenciados para mujeres adolescentes y jóvenes, y el acceso universal a anticonceptivos seguros de libre elección. Para ello resulta urgente y prioritario que el Estado aumente la inversión en salud con atención específica de estas áreas críticas para garantizar el derecho a la vida y la salud de las mujeres en el Paraguay.
PARTE 2: María Molinas Cabrera

Gracias Señora Presidenta. Hablo en representación de la Coordinación de Mujeres del Paraguay, continuaré con la presentación de otras dos áreas críticas de especial preocupación para las organizaciones aliadas de la sociedad civil paraguaya que hemos remitido el Informe Sombra.

3º Pobreza y desigualdad en el acceso a la tierra

La mitad de la población paraguaya es pobre y existen grupos discriminados por diversas condiciones. Sin embargo, el sexo, la edad, el idioma o el origen no siempre se tienen en cuenta para la aplicación de las políticas, aunque hayan sido considerados en los diagnósticos. Por ejemplo, el uso del guaraní constituye un factor vinculado a la exclusión y discriminación, pues el 90% de los pobres rurales y el 70% de los que se encuentran en la extrema pobreza urbana hablan sólo guaraní en sus casas.[6] Pero en el documento de Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza y la Desigualdad (ENREPD) no se diferencia si hay más hombres o mujeres monolingües guaraníes, lo que es necesario para la aplicación de políticas diferenciadas.[7]

El Paraguay es uno de los países con peor distribución de la riqueza: el 20% más rico concentra el 62,4% de los ingresos y el 10% más pobre apenas el 0,7%. También es el país con la peor distribución de la tierra en el mundo, y según un estudio reciente[8] las mujeres no llegan ni al 10 % de propiedad de la tierra.[9]

El Estado paraguayo no ha implementado políticas públicas eficaces para promover la incorporación de la perspectiva de género en la reforma agraria y el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra, al crédito y al apoyo técnico. Y ante las demandas sociales ha puesto en práctica políticas represivas con desalojos violentos, donde las mujeres campesinas son víctimas de tratos crueles y discriminatorios. Tampoco ha impulsado medidas especiales para que las mujeres integren instituciones de reforma agraria y participen en la discusión sobre el problema de la tierra.

Asimismo, Paraguay carece de una política de empleo y mantiene elevadas tasas de desempleo y sub-empleo. Las mujeres enfrentan dificultades derivadas de la división sexual del trabajo y reciben sólo el 70% del salario de un hombre por el mismo trabajo. Además se mantiene una discriminación hacia las trabajadoras domésticas, siendo el único caso en el que la ley establece una jornada laboral de hasta 12 horas diarias.

En el trabajo infantil doméstico existe una gran mayoría de niñas en condiciones de explotación, como las “criadas”, que son niñas o adolescentes entregadas por sus familias para el trabajo doméstico en hogares de terceros a cambio de alimentos y educación. Sobre este aspecto el Paraguay ya fue observado reiteradas veces por el Comité de Derechos del Niño.[10]

Esto refleja el incumplimiento de los artículos 1, 2, 4, 11 y 14 de la Convención. Y resulta prioritario que el Estado del Paraguay incorpore el enfoque de género en la implementación de la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza y la Desigualdad (ENREPD) con atención específica a la mujer rural y a la población pobre que habla sólo guaraní.

Con respecto al empleo debe eliminarse la discriminación hacia el trabajo doméstico, garantizar la protección contra cualquier forma de explotación laboral y desarrollar una política de empleo sensible al género.

4º. Empeoramiento de las condiciones de vida de las mujeres indígenas

Los pueblos indígenas y en especial las mujeres sufren la mayor discriminación y desigualdad. Sólo el 2,2% puede estudiar, el 2,5% cuenta con agua potable, y el 9,7% de las viviendas tienen electricidad.[11] La extrema pobreza ha llevado a las mujeres indígenas a un desplazamiento forzado hacia los centros urbanos, donde sobreviven en la mendicidad, inseguridad y expuestas a la trata y la explotación sexual.

Esta situación extrema contraviene los artículos 1, 2, 6 y 10 de la Convención. Debe prestarse especial atención a medidas para reducir la discriminación en el acceso y la permanencia en la educación. Se requiere para ello estudios diagnósticos que revelen las formas de discriminación hacia las mujeres indígenas. Y es urgente el desarrollo de una política indigenista nacional que contemple sus derechos en términos de restitución territorial, salud, educación, respeto cultural, no-discriminación y participación real.

Notes:
[1] Observaciones finales al Paraguay (1996). CEDAW/C/SR.289 y 297, veáse parágrafos 122 y 128
[2] Idem. Veáse parágrafos 123 y 131
[3] Idem. Veáse parágrafo 132
[4] Idem. Veáse parágrafo 113
[5] Soto, Clyde, El aborto como causa de muerte en mujeres del Paraguay 2003, Asunción, Centro de Documentación y Estudios (CDE), 2004
[6] Documento de la Estrategia Nacional de Redución de la Pobreza y Desigualdad (ENREPD), versión 2002, citado por Bareiro, Line: Aportes desde la perspectiva de género a la Estrategia de Reducción de la Pobreza y la Desigualdad en Paraguay, en Valenzuela, Ma. Elena (edit.): Políticas de empleo para superar la pobreza Paraguay. Proyecto Género, Pobreza y Empleo en América Latina, Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Santiago, Oficina Internacional del Trabajo, 2004 (versión web pdf), p.91.
[7] Documento citado en Ibídem, pp. 90-91.
[8] Bareiro, Line y Quintín Riquelme (2004), La lucha no da derechos, CDE, Asunción (en proceso de edición).
[9] Idem.
[10] CRC/C/15/Add.166, 6 de noviembre del 2001, párr. 47-48; CRC/15/Add.75, 18 de junio de 1997, párr. 43.
[11] Informe Estado Mundial de la Infancia 2004 de UNICEF.

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